Prohibido olvidar

Durante sus últimos días, solía llevar un libro del novelista Milan Kundera bajo el brazo. Tal vez era La insoportable levedad del ser o, de acuerdo con su caso, la intolerable forma de morir despedazada por un ‘sobre-bomba’ y rodeada, inmediatamente después, de un halo de incertidumbre e impunidad en torno a su muerte y a sus autores, que permanece hasta hoy.

Melissa Alfaro Méndez tenía 23 años, era pucalpina y cursaba el tercer año de Periodismo en la Escuela Jaime Bausate y Meza. Se deleitaba con los versos de Mario Benedetti y, el día que se fue, unos colegas en el Congreso, después de realizar la tarea informativa, la invitaron a almorzar. "No –respondió–, yo me voy a Cambio a comer mis frejoles". Ironías del periodismo, pues este semanario, en que fue primero practicante y luego jefa de Informaciones, la esperaba con el plato vacío.

Mensaje mortal

"Es algo que no se puede comprender", balbucea Norma Méndez, su madre, 17 años después de la muerte de la menor de sus hijas. ‘Calichina’, le decían a Melissa por su inexperiencia periodística, que suplía con entrega y sensibilidad social. Ahora el semblante de doña Norma Méndez se afecta de forma indecible. Y es que es difícil asimilar lo ocurrido el jueves 10 de octubre de 1991, a inicios del gobierno de Alberto Fujimori y en medio del caos generado por los grupos terroristas y las denuncias de excesos de las Fuerzas Armadas.

Melissa Alfaro había llegado a la oficina de la publicación, en Lince, luego de una comisión en el Parlamento y, tras saludar al recepcionista, tomar la correspondencia y subir a su oficina en el segundo piso, activó el sistema secreto de unos 200 gramos de anfo gelatina, material explosivo de frecuente uso militar. Promediaban las 2:30 de la tarde.

Un testigo de la revista lo ha descrito así: "El olor era insoportable. Descubrimos las lunas de la ventana totalmente destruidas, un fluorescente desprendido del techo y pedazos de periódico regados en el piso (…) al costado de esta escena yacía tendido el cuerpo exánime de nuestra estimada compañera. Melissa había encontrado la muerte instantáneamente".

En realidad, no la mató un sobre, sino un ‘periódico bomba’, aclara su madre. Se trató de un conjunto de hojas de prensa francesa atadas con una cinta de seguridad y abiertas a los costados, como para no despertar sospechas. Y es que los periodistas de Cambio ya estaban prevenidos por la detonación de otro objeto similar el 21 de junio de ese año al frente de sus oficinas. La presunta equivocación dejó sin vida a Víctor Ruiz León, un ciudadano común.

Los sobre eran dirigidos, en ambos casos, a Carlos Arroyo, director del semanario citado acusado de apología al terrorismo y señalado vocero tácito del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). "Melissa nunca fue emerretista ni tuvo filiación partidaria alguna. Y eso se respetaba", deslinda Dante Castro, escritor y entonces redactor de la revista opositora, caracterizada por sus denuncias de violación a los derechos humanos por agentes del Ejército y otras instituciones armadas.

Lo cierto es que la distribución de los ejemplares de la publicación, nacida en 1986, fue prohibida en algunas zonas del país y los canillitas que lo hacían fueron amedrentados por supuestos grupos paramilitares, según denuncia Arroyo en una nota de prensa de noviembre de 1989. Y es que la hipótesis de la responsabilidad militar en el caso del paquete bomba enviado a Cambio se nutre de algunos indicios tanto del momento fatal mismo como de la lentitud investigativa posterior.

Mucho por hurgar

Inmediatamente después del atentado, miembros de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDE) llegaron a la escena mortal con bolsas negras. Ellos, según denunció la revista Cambio, se habrían llevado evidencias importantes sobre la naturaleza del atentado, con el único fin de entorpecer las investigaciones.

El periodista Edmundo Cruz ha contado que ese mismo año el grupo militar "León Dormido" difundió un comunicado que "menciona al oficial Víctor Penas Sandoval como uno de los presuntos autores (de los objetos bomba), pero las responsabilidades son de más alto rango". En un sentido similar se ubican las indagaciones de Ricardo Uceda, que, además de considerar que la sofisticación de los explosivos los hace suponer provenientes del Ejército, tejen una lógica entre los victimados acusadores y los victimarios acusados.

Pero el interés del periodismo por esclarecer el caso no ha encontrado la misma fuerza en las investigaciones fiscales y policiales. Lo dice la madre de Melissa Alfaro, quien el 24 de setiembre de 1994 interpuso, ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra los Derechos Humanos, una denuncia penal contra quienes resulten responsables de la muerte de su hija. Norma Méndez afirma que su batalla hoy "no busca venganza, es solo una lucha por que no haya impunidad, pues esta permite la repetición de otras violaciones". A pesar de convivir con la incertidumbre legal de no haberse esclarecido el caso de Melissa, mantiene su fuerza, apoyada por sus otros cuatro hijos, y motivada por sus ansias de justicia.

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas señaló en 1997 que "el Estado Parte tiene el deber de investigar a fondo las presuntas violaciones de derechos humanos, en particular las desapariciones forzadas de personas y las violaciones del derecho a la vida, y de encausar penalmente, juzgar y castigar a quienes sean considerados responsables".

Destinatarios mortales

El 15 de marzo de 1991, a las cuatro de la tarde, se inició la racha de paquetes bomba en el local de la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH), donde el abogado Augusto Zúñiga Paz perdió el brazo izquierdo producto de la explosión de un detonante oculto en un libro. Zúñiga era conocido defensor de víctimas de violación de derechos humanos e investigaba, en esos días, la desaparición forzosa del universitario Ernesto Castillo Páez.

Otro capítulo no fue mortal. Solo seis días después del fallecimiento de Melissa Alfaro, el diputado Ricardo Letts recibió en su despacho un sobre bomba que no llegó a palpar, debido a la cautela de su secretaria. Con este hecho, y las incipientes investigaciones que incluyeron la constitución de una comisión congresal, posteriormente disuelta, se cierra un año caracterizado por el envío camuflado de muerte.

(De La República, Lima, 26/10/08)